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    CARTA ABIERTA DEL PROFESOR GABRIEL IGNACIO GÓMEZ A LA COMUNIDAD ACADÉMICA




    CENSURA EN LA UPB


    Lo que pasa en Medellín no es nada nuevo en la historia...
    En la imagen, Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna,
    ante el Tribunal de la Inquisición
    (acusado de herejía por hablar del movimiento de la Tierra
    - Juan Pablo II, muchos siglos después, pediría disculpas
    por el proceso en contra del sabio italiano)



    Como es de conocimiento de ustedes, recientemente el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, ha decidido unilateral e irresponsablemente cancelar (debería decir abortar) el evento académico “Los Debates Actuales de la Justicia. Reflexiones postergadas”, con el que se buscaba celebrar los 75 años de la Universidad. Tal decisión ha provocado, entre otras cosas, la renuncia irrevocable e inmediata de la decana de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, María Cristina Gómez.  Según el rector, la decisión se motivó en el hecho de que cinco de los ponentes tenían una posición clara “en contra de las orientaciones del Magisterio de la iglesia respecto de la defensa de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo”. En otras palabras, para el rector de la UPB, quien opine diferente al sistema de creencias de la iglesia católica debe ser censurado y vetado.

    La decisión del rector se constituye pues en un desconocimiento de las reglas de juego académico, en una falta de respeto con las personas que participaban en la realización del evento y, en consecuencia, debe generar, además del rechazo de los sectores académicos nacionales e internacionales por su evidente arbitrariedad, una seria reflexión sobre las relaciones entre religión y academia. Sin embargo, esta situación, lejos de ser un caso aislado, es la más reciente manifestación (mas no la última) de una serie de episodios en los que se evidencia una resistencia furiosa de distintos sectores conservadores en la UPB frente a visiones democráticas, seculares y progresistas sobre derecho en Colombia. A continuación hago un breve recuento de algunos antecedentes que dan cuenta del contexto en el que se dieron las recientes decisiones. Igualmente sugiero que divulguen este texto, que denuncien esta situación en artículos de periódico, blogs y, así mismo, iniciemos un boicot consistente en evitar cualquier participación académica con esta universidad, por lo menos, mientras las prácticas de censura continúen.


         1. La profesora Cristina Gómez fue nombrada como decana de la facultad de derecho de la UPB en un momento muy difícil para dicha dependencia académica. El programa de derecho difícilmente cumplía con los estándares mínimos exigidos por el Ministerio de Educación. Había muy pocos profesores de tiempo completo, el plan de estudios era el mismo desde hacía más de cuarenta años, no había investigación, el consultorio jurídico era obsoleto y la revista aún no estaba indexada en el sistema nacional de Colciencias. Durante los últimos años la gestión de la profesora Cristina, además de rescatar la facultad de una posible desacreditación, ha consistido en iniciar un proceso de modernización de la misma, que obviamente, implicó afectar intereses de algunos profesores, estudiantes y directivas que han visto en la Constitución de 1991, en la Corte Constitucional y en el nuevo constitucionalismo, expresiones que atentan contra lo que algunos consideran debe ser el sagrado orden de las cosas. Las reacciones no se hicieron esperar. En los últimos años ha habido oposiciones cerradas y hostiles por parte de profesores y estudiantes que veían con nostalgia como la facultad elitista del pasado comenzaba a vincular profesores jóvenes que hablaban de principios constitucionales, constitucionalización del derecho, argumentación y teorías críticas del derecho. Hablar de investigación se convirtió en un asunto incómodo, pues para los profesores tradicionales, las facultades de derecho no deben investigar sino formar profesionales. Para los defensores de la tradición, bastaba el prestigio social y el reconocimiento social de sus profesores como abogados exitosos en el ámbito local. Para estos profesores y estudiantes, el prestigio profesional se constituía entonces en criterio suficiente para evaluar su calidad académica.

    2.      A la oposición conservadora de algunos profesores y estudiantes se ha sumado la hipocresía del rector, quien en diferentes momentos optaba por apoyar o distanciarse de la nueva administración, según su conveniencia. Pero de la hipocresía se pasó a una actitud creciente de proselitismo religioso en la actividad académica. Un hecho reciente muestra el nivel al que se había llegado. Una joven profesora del área de familia presentó para la revista de la facultad de derecho un artículo sobre la línea jurisprudencial de la perspectiva de género en el Derecho de Familia, como resultado de un Seminario de Investigación en Postgrado. El artículo fue aprobado por pares académicos y estaba en proceso de publicación, pero luego de un oscuro proceso de espionaje sobre las actividades de la profesora, el rector vetó la publicación del artículo, que se limitaba a describir los precedentes definidos por la Corte Constitucional.

    3.     El hecho más reciente es la cancelación del evento académico conmemorativo de los 75 años de la Universidad. El Seminario ya mencionado, “Los Debates Actuales de la Justicia. Reflexiones postergadas”, que contaba con la participación de prestigiosos ponentes internacionales y nacionales, y que había generado una enorme expectativa entre académicos de diferentes partes del país, buscaba promover reflexiones sobre temas relacionados con la justicia en Colombia. En ningún momento se trataba de un escenario para discutir, y mucho menos, para hacer defensa del aborto (y si así fuera, ¿no es acaso posible un debate académico sobre el tema?). Sin embargo, bastaron unas cartas de los opositores, el miedo al debate, y una decisión unilateral, para destruir un esfuerzo académico de interés nacional.

    Quizás como miembro de una organización religiosa en donde predomina el principio de autoridad y el peso jerárquico de las órdenes superiores, el rector de la UPB considere que puede tomar decisiones unilaterales, sin que medie un proceso de argumentación racional, ni el más elemental sentido de respeto por quien piensa diferente. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que desde su posición de poder se quieran cerrar los espacios de discusión académica sin mayor argumento que la autoridad y el voto de obediencia. En otras palabras, no se pueden derrotar los argumentos académicos por medio del poder que dan la espada o del crucifijo. En una sociedad deliberante y democrática los argumentos académicos deben ser expuestos públicamente y sometidos al escrutinio racional.  El ejemplo que Monseñor Rodríguez da con sus decisiones, no solo somete a la UPB a una situación de vergüenza internacional, sino que da a la sociedad en general un mensaje según el cual aún podrían aceptarse actos arbitrarios en los que se niegue el debate público, eliminando cualquier posibilidad de argumentación, acallando las ideas y restringiendo las libertades de pensamiento, cátedra e investigación. Creo que no le hace bien ni a la Universidad Pontificia Bolivariana, ni a la academia, ni a la sociedad en general, guardar silencio frente a lo que está sucediendo en esta institución.

    Atentamente,

    Gabriel Ignacio Gómez
    Profesor Universidad de Antioquia



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